La Comunidad Tilquiza denunció atropellos al Parlasur

Representantes de la Comunidad perteneciente al Pueblo Ocloya denunciaron ante el Parlamento del Mercosur el violento ejercicio de la fuerza de la policía y el hecho de que el empresario Enrique Verzini les ha privado el paso por el camino ancestral de uso común, quien obstaculizó la entrada tras un aval judicial de la Cámara Civil y Comercial, que luego avanzó en dictar un proveído para que el denunciado por la Comunidad restablezca el paso, orden que todavía sigue siendo incumplida.

La Comisión de Ciudadanía y Derechos Humanos del Parlamento del Mercosur (PARLASUR) celebró una audiencia pública el lunes 26 de septiembre para abordar la cuestión del cierre de paso del camino ancestral de la Comunidad. Imagen: captura – Parlamento del Mercosur.

Ante los sucesivos hechos violentos que van en contra de la Comunidad, la Comisión, presidida por Elena Corregido, tomó conocimiento y convocó a la audiencia pública donde participaron Néstor Jerez, cacique del Consejo de Delegados de Comunidades Aborígenes del Pueblo Ocloya (CDCAPO); Alan Alud, miembro del Comité de Prevención de la Tortura; representantes del Servicio Paz y Justicia (SERPAJ); el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INADI); la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación; la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH nacional) y miembros de Organizaciones de Pueblos Indígenas de la Región NOA (OPINOA).

La denuncia, indican desde OPINOA, son por los “hechos recurrentes en donde la justicia es perversa contra los Pueblos Indígenas y complaciente con el poder empresarial y político en la provincia de Jujuy donde gobierna Gerardo Morales”.

En la audiencia Jerez denunció que su Comunidad sufre con el cierre de paso de su camino ancestral. Asimismo, informó que las instituciones públicas no están actuando para garantizar los derechos de los Pueblos Indígenas. “Vivimos una violación sistemática a nuestros derechos, como los reconocidos en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Vamos a hacer público nuestro pedido para impedir el desalojo de nuestro Territorio Ancestral”, expresó.

Por su parte, Julián Fernández, Director de Asuntos Jurídicos del INAI, destacó “en el marco del Convenio 169 de la OIT, junto con la legislación nacional, se ha cambiado el paradigma de tratamiento a favor de las Comunidades Indígenas en Argentina. Expresamos al Poder Judicial de Jujuy que el Cacique Néstor Jerez ha actuado como representante del ente colectivo de su comunidad”.

A su turno, el Secretario Ejecutivo del Comité Nacional contra la Tortura, Alan Iud, informó que “el Comité tiene competencia para actuar en todo el territorio nacional en carácter subsidiario de organismos análogos en nivel provincial. Al tomar conocimiento de la situación, nos comunicamos con el mecanismo local para verificar que estuvieran en contacto con la comunidad. Seguiremos con el monitoreo de la situación y del cumplimiento de los expedientes”.

Seguidamente, Angélica Mendoza, representante del Equipo Pueblos Originarios del Servicio Paz y Justicia (SERPAJ), aseguró que “es evidente la complicidad entre el poder judicial y empresarios y terratenientes que han cometido injusticias contra esa y otras Comunidades Indígenas en Argentina. Debemos generar una alianza efectiva para enfrentarla”. En el mismo sentido, Mariana Katz, de SERPAJ señaló que “preocupa el aumento de la violencia en la región”.

La delegada de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Anabel Yacianci indicó, “hemos participado directamente ante las detenciones y situaciones que fueron bastante complicadas. Vamos a seguir acompañando el reclamo y seguir observando el cumplimiento de las responsabilidades del estado provincial”.

Walter Barraza, integrante de la Comunidad Wayra Ryma, del Consejo de la Nación Tonokoté Llutki de Santiago del Estero y referente de Organizaciones de Pueblos Indígenas del Noroeste Argentino (OPINOA), declaró que “hay falta de voluntad política para hacer cumplir los marcos normativos de protección a los Pueblos Indígenas por intereses económicos. Necesitamos hacer la defensa de la Madre Tierra y las primeras víctimas son los Pueblos Indígenas porque somos los que vivimos en estos territorios”.

Después de la exposición de los invitados, el Parlamentario paraguayo Ricardo Canese, integrante de la Comisión de Derechos Humanos del PARLASUR, expresó que “la cuestión indígena es preocupante en los países de nuestra región y creo que la Comisión de Derechos Humanos deberá realizar un monitoreo constante sobre ese tema avanzando en otras audiencias públicas sobre los derechos de los Pueblos Ancestrales”.

Finalmente, la Parlamentaria Elena Corregido realizó el cierre de la Audiencia Pública para abordar la cuestión de la privación del paso en el camino ancestral a la Comunidad destacando que “hay situaciones análogas contra las Comunidades Ancestrales marcadas por la violencia, violaciones y con la justicia a favor de las grandes empresas. Seguiremos avanzando y ustedes tienen que saber que los estamos mirando y que vamos a combatir las situaciones de violencia contra los Pueblos Indígenas”.

La Comunidad Tilquiza está ubicada a 17 kilómetros de San Salvador de Jujuy, por la Ruta Provincial 35, cuenta con Personería Jurídica Nº 075/10 SDDHH, carpeta técnica con Resolución 642/2012 que reconoce la Posesión y Ocupación Actual, Tradicional y Pública del territorio; todo esto amparado por la Ley Nacional de Orden Público 26160. El territorio está judicializado ya que la Comunidad inició un juicio por reconocimiento de la Propiedad Comunitaria Indígena según consta en expediente B- 234087/10 y existe una medida cautelar de no innovar que el terrateniente Verzini está violando e incumpliendo.

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