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Jujuy: El camino comunitario en Tilquiza continúa vedado a pesar de la orden judicial

La Comunidad Ocloya realizó las denuncias ante la policía y espera la resolución frente al incumplimiento de la orden emitida por la jueza María del Huerto Sapag.

Luego del arbitrario despojo llevado adelante el miércoles 14 de septiembre, la Jueza María del Huerto Sapag de la Cámara Civil y Comercial, Sala II, Vocalía 6 -donde se inició la acción posesoria de reconocimiento de la Propiedad Comunitaria Indígena en 2010- se expidió “…Haciendo saber al señor Enrique Daniel Verzini que deberá liberar todo tipo de obstáculo que impida la libre circulación por el camino ancestral de uso tradicional” de la Comunidad Indígena Tilquiza, orden que el terrateniente no cumplió.

Un suboficial de la Seccional tercera acompaña a miembros de la Comunidad constatando el incumplimiento. El portón continúa con candado.

El camino está a unos 17 kilómetros de la capital provincial, se encontraba, en principio, obstaculizado tras un aval judicial de la Cámara, que luego avanzó en dictar un proveído para que el denunciado por la Comunidad restablezca el paso, aunque todavía sigue siendo incumplido.

Frente a esta situación se dio novedad a la Comisaría Seccional 3° del barrio Chijra, en San Salvador de Jujuy. Luego policías se dirigieron hasta el lugar para corroborar el incumplimiento.

Este abuso, desconociendo la autoridad judicial, se produce dentro del Territorio Comunitario protegido por la Ley 26160, cuando se desarrollaba una asamblea y puesta en común sobre Protocolo para el Abordaje en conflictividades de Tierras y las Comunidades Aborígenes, derechos indígenas vigentes en Argentina y reforma de la constitución provincial.

“El camino no es la paz social para los usurpadores de territorios ancestrales”, indicaron desde la Comunidad con relación al arbitrario despojo sin orden judicial y al desmedido uso de la fuerza policial perpetrado el pasado miércoles, donde se ejerció violencia institucional, hubo irregularidades en la detención de mujeres que fueron llevadas por efectivos masculinos, demora de una mujer con un niño, todas situaciones que violentan tratados internacionales, derechos constitucionales, derechos humanos, la Ley 26160 y el protocolo para el abordaje en conflictividades de tierra y las Comunidades Aborígenes.

Desde la Comunidad afirmaron, ante las acusaciones que recibieron sobre la obstrucción del paso por suparte, que “nunca se entorpeció el paso ni la libre circulación a nadie, sobran las pruebas de cómo transitaban libremente peatones y vehículos. Existe una dudosa denuncia de una supuesta francesa que nunca se comprobó ni del niño que estaría imposibilitado de concurrir al establecimiento educativo” y añadieron que actuaron de acuerdo a “la medida extrajudicial consensuada en asamblea fue usándose palos atravesados para graficar a través de mercadería, símbolos, pasacalles con leyendas urgente ley de propiedad comunitaria indígena, carteles con leyenda sobre los derechos vulnerados. Todos estos elementos se encontraban dentro de territorio comunitario en el camino ancestral de uso tradicional de manera simbólica, donde se graficaba la injusticia y el riesgo de vida a la que estaba expuesta la Comunidad”.

Vale aclarar que el Protocolo para el Abordaje en conflictividades de Tierras y las Comunidades Aborígenes fue aprobado el 30 de abril de 2021 por el Dr. Enrique Lello Sánchez, a través de la resolución MPA Nº 2261/2021, quien se había comprometido a garantizar que no habría ningún desalojo en Comunidades Indígenas mientras esté vigente la Ley 26160. Este protocolo ha sido incumplido en su plenitud desde el objetivo y principios. “La persecución penal deberá ser considerada como último recurso”, menciona el documento, además refiere que en la etapa preliminar “el agente fiscal y/o ayudante fiscal deberá dar participación al equipo de prevención e intervención de conflictos territoriales (organismos del estado garante de los derechos de los Pueblos Indígenas, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, la Secretaría de Pueblos Indígenas) u organismos que los reemplacen o autoridades de Pueblos Indígenas, entre otros”.

Por todo lo planteado, desde la Comunidad solicitan “a los autores intelectuales y materiales del arbitrario desalojo (ayudante Fiscal Dr. Ivan Monaldi Pancich, Fiscal Alejandro Maldonado, Fiscal General Dr. Enrique Lello Sanchez, Jueza Ana María del Huerto Sapag y gobernador Gerardo Morales), retrotraerse y dejar sin efecto la improcedente imputación contra los integrantes de la Comunidad detenidos injustamente, caratulada turbación de posesión y entorpecer el normal funcionamiento de los transportes por tierra y el efectivo cumplimiento del proveído de la Jueza Ana María del Huerto Sapag del 14 de septiembre de 2022”.

También exigen el cese de amenazas de muerte e intentos de homicidio por parte del usurpador de Territorio Ancestral Daniel Verzini y su empleado Ariel Amaranto, la intervención de la Justicia Federal y de Organismos de Derechos Humanos ante la violación sistemática de tratados internacionales, del artículo 75, inciso 17 de la Constitución Nacional y de derechos constitucionales en la Provincia de Jujuy.

“Esperamos que actúen urgente las autoridades competentes para obtener respuestas”, aseveraron desde la Comunidad, quienes no bajan la guardia ante la amenaza permanente de quienes pretenden saquear este territorio que tiene la esencia Ocloya, Pueblo que continuará la lucha en defensa de su territorio.

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