Así lo expresa Isaías Fernández, cacique de la Comunidad Weenhayek Kyelhyuk (El Quebracho), quien el lunes 12 de diciembre, al defender su territorio, fue apuntado y gatillado con un arma por un supuesto ingeniero que responde a una empresaria vinculada a la agroindustria, en Tartagal, Salta.
Con estas acciones violentas empresarios agropecuarios intentan apropiarse de las tierras de las Comunidades O Ka Pukie (La Troja) y El Quebracho, ubicadas en el kilómetro 5 de la Ruta Nacional 86.
Alambraron parte del territorio indígena y, frente al reclamo de sus legítimos poseedores, -previo a la amenaza con arma de fuego- un empleado de la empresa usurpadora intentó atropellar con una camioneta a miembros de la Comunidad que estaban en el lugar desarmando los alambrados.
“Es muy triste y lamentable lo que estamos pasando. Estamos teniendo problemas con peones y capataces que mandan al territorio”, indicó el cacique Fernández y añadió que “el objetivo (del terrateniente) es alambrar nuestro territorio, demarcado por la Ley 26160, pero nos pusimos al frente y no dejamos que la hagan. Sin embargo, nos descuidamos y nuevamente buscan hacerlo”.
“Nos tomamos un día y desarmamos los postes y alambres que estaban, en ese momento apareció un ingeniero llamado Pablo e intentó el homicidio. Vino directamente a matarme con la camioneta. Estaba mi papá, Luciano Fernández, y otra señora de la Comunidad, y vino con todo para atropellarlo”, detalló y aseguró que “luego también intentó chocarme y en un momento sacó un arma apuntó y disparó. Gracias a Dios no me acertó la bala”.
Existe alerta por el recrudecimiento del conflicto, donde no indígenas expanden la frontera agropecuaria avasallando y usurpando el territorio ancestral. Pese a la ocupación tradicional, actual y pública del mismo, las Comunidades continúan sufriendo intimidaciones y amenazas por parte de personas ajenas que se presentan como dueñas de esas tierras.
En un comunicado, la organización de Mujeres Indígenas ARETEDE y la radio comunitaria La Voz Indígena condenan el intento de homicidio contra Fernández.
“Hacemos un llamado a las autoridades para que cese la violencia de los empresarios y terratenientes contra los Pueblos Originarios en el norte de Salta”, mencionaron al tiempo que solicitan “la inmediata intervención de los organismos competentes para que se respeten los derechos territoriales reconocidos y dejemos de ser avasallados, violentados y desposeídos”.
“Exigimos que la justicia honre su rol en la sociedad y que no desproteja a quienes somos los habitantes ancestrales de estos territorios”, aseveran.
Cabe aclarar que durante el año 2018 el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) entregó a la Comunidad Weenhayek Kyelhyuk la correspondiente carpeta del relevamiento técnico, jurídico y catastral de su territorio, ordenado por la Ley nacional 26160, que declara la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las Comunidades Indígenas y prohíbe cualquier acción de desalojo o desocupación de las mismas.
