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Cuando la justicia no indígena se impone ante la Indígena

Una organización política ancestral que resiste a la estructura jurua.

La justicia no indígena busca -constantemente- imponerse ante la indígena, donde los criterios son muy diferentes y están ligados a una estructura que responde a su cultura ancestral, su espiritualidad y a un ordenamiento político que poco tiene que ver con el aparato judicial jurua (no indígena).

El momento del regreso a la Comunidad una vez liberados de la detención ilegal e injusta. Foto: Comunidad Pa’i Antonio Martínez

Esta perspectiva llevó a una serie de hechos abusivos que se visualizaron en Fracrán, el 23 de febrero de 2021, con la detención del entonces mburuvicha (cacique) de la Comunidad Mbya Guaraní Pa’i Antonio Martínez, Catalino Martínez, y sus miembros de seguridad ancestral, Bonifacio Olivera y Narciso Benítez.

Días atrás, finalmente los tres fueron sobreseídos en la causa por la que habían sido encarcelados en su momento, aunque actualmente se encontraban en libertad.

Todo comenzó cuando Catalino Martínez, como autoridad de la Comunidad, llamó a una asamblea para tratar una situación particular. Le había llegado el rumor de que algunos de sus integrantes se encontraban realizando prácticas perjudiciales hacia otros.

Como es costumbre, este juicio indígena duró varias jornadas y se terminó resolviendo por consenso general. Las personas acusadas de hacer mal fueron juzgadas y posteriormente se procedió a dejarlas con un Opygua (líder religioso), quien se encargó de hablarles y brindarles recomendaciones para que recapaciten sobre sus acciones.

Cuando todo parecía haber terminado y vuelto al orden, un 23 de febrero, por orden del Juzgado de Instrucción N°3, una gran cantidad de automóviles policiales irrumpieron la tranquilidad de la Comunidad y detuvieron a Martínez y sus miembros de seguridad, alegando que habían sido alertados vía WhatsApp de que las personas juzgadas por prácticas perjudiciales habían recibido maltratos, golpes y que se los había atado durante días dejándolos sin agua ni alimentos y sin la posibilidad de sentarse, entre otras cosas. Se caratuló la causa como “Torturas, vejaciones y malos tratos”, aunque nunca se pudo comprobar que hayan existido tales castigos, que fueron negados por los miembros de la Comunidad que habían estado presentes. Incluso, ni las supuestas víctimas los denunciaron.

Poco después fueron excarcelados, ya que la acusación por dichos delitos requería una serie de elementos específicos que no se daban en el caso. Se estableció luego la falta de mérito, debido a que hasta ese momento no había pruebas suficientes para disponer la elevación a juicio, ni para el dictado de un sobreseimiento.

Días atrás, finalmente los tres acusados fueron sobreseídos de manera definitiva en la causa que se prolongó por más de un año.

“No es que no se los condenó por falta de pruebas, en realidad cuando se dictó la falta de mérito, que fue en octubre de 2021, ya estaban en condiciones de recibir la absolución definitiva, pero no lo hicieron porque ellos habían estado presos injustamente un mes y había que justificar eso”, aseguró la abogada Roxana Rivas.

“Fui traicionado”

Pese al resultado final, el despotismo que sufrieron -primero con el despliegue policial y en consecuencia, todo lo que vino después-, dejó una herida abierta que ni el tiempo podrá sanar, además de la traición de una persona de la propia Comunidad que divulgó información que, posteriormente, se constató que era falsa.

La falta de aplicación de una perspectiva indígena se mantuvo durante todo el proceso que duró la causa, y dejó en claro que las normas establecidas constitucionalmente no se cumplen, ni las establecidas por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ratificada por nuestro país por Ley 24071.

“Yo, como cacique, tenía la obligación de resolver los asuntos que estaban pasando en la Comunidad, pero nunca hubo violencia como se dijo, fui traicionado por gente de acá. Me enojó y me dolió mucho que la Policía haya entrado de esa forma, eran como 100 agentes, y que encima nos hayan acusado sin tener pruebas, esas cosas no pueden volver a pasar”, lamentó Catalino Martínez al recordar aquel episodio.

Además aseguró que las cuatro personas que habían sido juzgadas durante el juicio tradicional mbya ya no habitan en su Comunidad, pero sí quien lo denunció. “Nosotros tenemos nuestra propia forma de resolver los problemas, es diferente a la de ustedes, pero no se le pega ni se maltrata a nadie”, insistió.

Es un tema que requiere repensarse como un derecho: a ser quienes son. La estructura Mbya-Guaraní está atravesada por un orden religioso y cultural que siempre fue subestimado por los no indígenas. El reconocimiento de esa justicia consuetudinaria es un derecho indígena, que es intangible pero se impone con fuerza en cada generación.

Este caso impulsó una lucha como respuesta política ante el avasallamiento jurua al orden judicial mbya. Fue así que diferentes líderes comenzaron a reunirse y a convocar a funcionarios públicos para poner el tema en debate y lograr que la justicia sea justa con respecto a lo indígena.

No fue en vano. Uno de los logros fue que el Superior Tribunal de Justicia determinó que “en todos los casos que se vean involucrados los intereses de personas integrantes de las mencionadas Comunidades se deberá contar con la presencia de un antropólogo, un intérprete y un representante de la Dirección General de Asuntos Guaraníes y del Ministerio de Derechos Humanos”.

Además, la semana pasada se conoció una normativa por la que la Policía ya no podrá irrumpir en ninguna Comunidad como lo hizo aquella vez. En cambio, deberá primero notificar por escrito en ambos idiomas: guaraní y castellano.

Cuando hay una injusticia, la única alternativa es luchar para revertirla.

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